Cómo se pueden aprobar sin consenso en el Parlamento español
las reformas de leyes orgánicas -leyes de la mayoría-, que nacen ya muertas,
solo con los votos del PP, ya que serán derogadas en la próxima legislatura, si
no las anula antes el Tribunal Constitucional.
Hoy se inicia en el Congreso de los Diputados el debate
sobre el proyecto de ley de la reforma local, que se aprobará solo con los
votos de los diputados del PP como otras leyes reformistas anteriores y con el
rechazo total de la oposición, que ya ha anunciado su derogación en la próxima
legislatura y un recurso previo ante el Tribunal Constitucional.
Esta reforma deja sin dinero y sin competencias a los
Ayuntamientos. Además alarma a alcaldes y ciudadanía por el incierto futuro que
se cierne sobre los servicios sociales municipales, prestaciones especialmente
exigidas y necesarias en tiempos de crisis económica como los actuales. Los
alcaldes temen la desaparición de la red asistencial de proximidad desarrollada
a lo largo de tres décadas y fuertemente arraigada, que en la actualidad da
servicio a siete millones de personas.
El cambio que introduce la nueva norma supone un importante
cambio de concepto. La ley de Bases actual, de 1985, atribuye a los
Ayuntamientos competencias en “servicios sociales, promoción y reinserción
social”, aunque las comunidades se hayan ido haciendo cargo de esas
competencias, al menos sobre el papel, en sus respectivos estatutos de autonomía.
De ahí que los municipios, especialmente aquellos de más de 20.000 habitantes,
fueran desplegando desde la mitad de los años ochenta servicios de ayuda a
domicilio, residencias de mayores, prestaciones de ayuda a la familia, de
prevención e inserción social, comedores públicos o cualquier otro que el
Consistorio consideró necesario para sus ciudadanos.
Con el paso de los años, esta atención próxima se ha
convertido en una amplia red asistencial con un elevado volumen de gasto. La
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales es la que más ha
insistido en la amenaza que supone la ley de reforma de la Administración
local, contabilizando -de acuerdo con lo recogido en el presupuesto líquido de
2012- en 5.118 los millones de euros que están en el aire debido a la reforma
del Gobierno.
Regidores de todo signo político, inclusive los del PP, han
elevado el tono de sus quejas a medida que se acercaba el debate sobre esta
nueva reforma. Reforma que forma parte del programa de ajustes y austeridad del
Gobierno y que pretende llevar a la práctica el principio: una administración,
una competencia. Y ninguna asistencia,
digo yo.
En su actual redacción, el proyecto de ley de
racionalización y sostenibilidad de la administración local limita a los
Ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Solo los que tengan más
de 20.000 habitantes están obligados a hacer frente a una reducida labor de
“evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. En los
municipios más pequeños, el 87% del total, esta competencia se reconoce pero no
será de obligatoria aplicación. El resto de los servicios sociales recaerán en
la Administración autonómica, que no tiene ni medios ni intención de asumir
este servicio.
Este domingo se reunieron en Madrid más de 2.000 regidores
para protestar por esta reforma y anunciaron que acudirán al Tribunal
Constitucional si el Ejecutivo no consensua la ley con ellos. “La norma obedece
a un criterio economicista, es decir, lo único que pretende es ahorro”,
apuntaba su portavoz. “Y no conozco otra forma de ahorro en el gasto público
que no suponga recortes y quitar prestaciones a los ciudadanos”, sentenciaba.
La mayoría de los alcaldes reunidos se preguntaban si el PP
se plantea quién va a prestar estos servicios y cómo se van a prestar cuando se
apruebe esta reforma. O la realidad es que quieren que desaparezcan. Ya lo
decía, pero desde otro punto de vista, la viceconsejera de sanidad del PP de
Madrid, “¿tiene sentido que los pobres o los enfermos crónicos vivan gratis del
sistema?”. Y digo yo, ¿la ciudadanía seguirá con la misma apatía ante esta
pandilla de malvados e inútiles?
Ángel Luis Jiménez Rodríguez
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