Carta al día de Córdoba.

El titular del Día de Córdoba de ayer decía “Los ecologistas llevarán a Aguilar ante el Supremo por Colecor”. Ese titular no se ajusta  a la información que aparece en las páginas interiores, pues lo comunicado por la organización Ecologista en Acción es que “anuncian acciones legales conducentes a que se produzca una investigación”. Esta investigación se basaría en las declaraciones del candidato de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, que dice haber recibido “un permiso verbal” de “quienes mandaban en el Ayuntamiento” para construir el complejo Colecor de la carretera de Palma del Rio. Asegura también la organización ecologista que pedirá al Tribunal Supremo que emita un suplicatorio, -¿en base a qué? ¿qué veracidad puede tener esa fuente insolvente que es Gómez?- que permita una instrucción penal y el procesamiento de la ministra Aguilar. A la vista de esta información me pregunto, qué manera de informar es esa, no tienen libro de estilo  o no saben separar lo que es información de lo que es opinión o publicidad electoral, cuando reproducen las palabras del procesado en el caso Malaya, Rafael Gómez.  Se han olvidado que el derecho a la información es del lector, no del periódico, y que la obligación del profesional es ayudar a los lectores a pensar, recurriendo a datos y contextos precisos. En este caso, debían haber informado sobre la inexistencia en la administración municipal del “permiso verbal” porque las licencias municipales son actos reglados que no dependen de la voluntad de las personas, además de no permitirlo la legalidad urbanística vigente. En toda información es fundamental entender qué está en juego y por qué. Y advertir a los lectores sobre los trucos y engaños que encierran algunas propuestas políticas, especialmente las del procesado, Rafael Gómez, que busca conseguir por la vía de las urnas lo que no ha logrado en los tribunales. Al lector de periódicos no se le sacia con golpes de efecto, sino con una narración veraz de los personajes y los hechos. Y hasta la fecha no existe ningún pronunciamiento judicial que invite a pensar que existen responsabilidades de orden penal por el asunto Colecor. Aquí lo que está ocurriendo es que ante el silencio de Rosa Aguilar -bendito silencio-, algunos medios abusando del derecho a la información y a la libertad de expresión, le están haciendo el juego a Rafael Gómez para que llegue a Concejal, aprovechándose de la desesperanza en la que se mueve la sociedad cordobesa y el rechazo a los partidos mayoritarios generado por la crisis y la corrupción. Se dan cuenta esos medios de las posibles consecuencias que acarrearía esa situación y de los posibles perjuicios que le están ocasionando con su información a la fama y la honra de una buena persona como Rosa Aguilar.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez