Solidaridad con el Juez Garzón.

El pasado viernes 4, en el acto de presentación del libro “La solidaridad con el Juez Garzón”, en la Diputación de Córdoba, pensaba que si nuestra sociedad estuviera gobernada por la solidaridad, no se darían situaciones como la escandalosa persecución al Juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Con la apertura al juez de un proceso penal por el delito de prevaricación en realidad se pretende criminalizar la deliberación, el desarrollo libre y honesto de las ideas e imponer límites penales a la libre interpretación judicial. Desde las plataformas ciudadanas de apoyo al Juez hay que decir BASTA YA.

Una sociedad solidaria debe estar organizada sobre los principios del bien común y la solidaridad entre sus miembros, y no sobre la competencia, los intereses privados y la insolidaridad. Una sociedad debe estar fundada en el reconocimiento de la igualdad y la libertad. Igualdad y libertad, fundamentos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que amparan a todos los seres humanos, aunque no al Juez Garzón, ya que su proceso no se ajusta  al modelo previsto en el artículo sexto del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos, según el Protocolo de 1998, que dice: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa… por un tribunal independiente e imparcial… que decidirá sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella”. En su proceso no ha sido oído de manera equitativa, ni ha tenido un juez independiente, neutral e imparcial, ni se ha obrado con arreglo a las reglas de “la buena fe” en la falta de fundamentación de la acusación. En estas condiciones ni el CGPJ podía acordar su suspensión como juez, ni el Tribunal Supremo podía enjuiciarlo. Pero lo ha hecho.

El caso Garzón –como decía Antonio Franco, en El Periódico, en febrero del 2010– hace pensar en aquellas situaciones extraordinarias en las que al final se invierten las cosas, porque quien será juzgado atentamente por la opinión pública de aquí y de afuera es el Tribunal Supremo y no el magistrado. Lo que haga y decida el Supremo será analizado a fondo por las instancias jurídicas y políticas internacionales. Y si España tuviera por una vez un poco de suerte, quizás el caso Garzón sería para nuestra vieja justicia lo que el 23-F fue para nuestro viejo Ejército franquista. Es decir, tal vez sirva para situar a nuestro poder judicial al nivel de lo que merece un país democrático como la España del siglo XXI.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez