¿Tiene solución la Justicia?

La gente no se fía mucho de la justicia, pues entiende que no trata a todo el mundo por igual. En el último sondeo del CIS, el 82,6% de los españoles creen que las leyes favorecen más a unos que a otros, especialmente a los ricos (un 48,6%), a los políticos (26%), y a los poderosos (13,3%). Sólo un 0,9% de los españoles considera que la Administración de Justicia desarrolla bien su trabajo. ¿Se podría cambiar esta percepción de la Justicia? O mejor, ¿se podría cambiar la justicia? La ex magistrada Manuela Carmena dice que sí, pero reinventándola y en ese propósito está, según cuenta en el diario Publico: “Desde la promulgación de la Constitución de 1978, la sociedad española ha proclamado una y otra vez la necesidad de reformar y modernizar la justicia. Los distintos gobiernos han promovido diferentes reformas y aprobados inversiones… y los intervinientes en la justicia hemos derrochado imaginación y esfuerzo para mejorarla. Sin embargo, la opinión que tienen los ciudadanos es que la justicia no mejora”. Eso es lo que manifiestan las encuestas, la Justicia es una de las instituciones del Estado peor valoradas, incluso nos hemos habituado a ello con asombrosa condescendencia. Hasta el nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que asumió su cargo en diciembre, decía esta semana en la prensa: “Sí queremos la justicia del siglo XXI no podemos conseguirla con los medios del siglo XIX, y la autentica revolución llegará a la justicia cuando las comunicaciones sean por medios electrónicos y se supriman las de papel”. Sin embargo, creo que la solución no es una cuestión de medios o dineros, pues hemos pasado de un gasto en justicia de 68 a 86 euros por habitante del 2006 al 2008, por encima de la media europea tasada en 39 euros por habitante, y superior a países de nuestro entorno como Francia e Italia. Ahora, se propone como solución técnica o profesional reconvertir el 50% de los secretarios judiciales -personal judicial cualificado- en jueces. Esto aportaría, en breve tiempo, más de 1000 jueces profesionales para enmendar el atasco judicial, reduciendo la distancia temporal entre demanda y resolución. Es decir, conseguir que se dicten más sentencias en los tribunales. A pesar de todo, pienso que la mala imagen de la Administración de Justicia entre los españoles es un problema de credibilidad. Las leyes no responden a los problemas  actuales, se quedan obsoletas, y los jueces dejan muchas veces de lado su objetivo esencial, ser el instrumento de resolución de los conflictos de nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad democrática que por su propia esencia y dinámica está en continua transformación, las leyes deberían adaptarse a los tiempos y la justicia debería ser rápida y eficaz. Y por supuesto, estar siempre al servicio del hombre y no del poder.

María José Jiménez Izquierdo