¿Castigar la corrupción municipal?

En estos días, Fundación Alternativa, lugar de encuentro para la reflexión, ha publicado un estudio sobre las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal desde el 2003 al 2007. Los autores del estudio, Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez, dicen que los partidos políticos cuyos alcaldes se ven envueltos en casos de corrupción no se ven penalizados en las urnas, es decir, el proceso electoral ya no discrimina entre candidatos buenos y malos. El mecanismo electoral ya no cumple con esa función básica de expulsar de la vida política con el voto a aquellos candidatos que se hubieran aprovechado irregularmente de los bienes comunes. Este estudio se limita a constatar este fenómeno, pero no investiga las razones que llevan a los ciudadanos a exonerar en las urnas a los candidatos deshonestos que debilitan la calidad de nuestra democracia con sus sospechosas actuaciones. La polémica está servida, unos opinarán que la corrupción no se castiga en las urnas por cuestiones culturales, otros que existe castigo pero que este es desigual entre los votantes que se definen de derechas o de izquierda. Lo único cierto es que todos los ciudadanos sufrimos la intoxicación mediática e ideológica antes y durante el proceso electoral. Se nos aburre con discursos políticos vacíos y engañosos, que o bien repiten insistentemente las mismas mentiras o bien cambian constantemente de mensaje, para que no nos dé tiempo a cuestionarlos. Si contáramos con un revulsivo o los instrumentos adecuados para combatirlos, no tendríamos consecuencias negativas como la baja participación ciudadana. Así que, para defender nuestra débil democracia, tendríamos que reinventarla. Pero como esto es inviable, no podemos votar a cualquier vendedor de ilusiones y mentiras, y menos, después de las elecciones, abandonarnos en sus manos dejándole tomar todas las decisiones importantes que nos afectan. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? 

María José Jiménez Izquierdo