Una cosa es el Estado de Bienestar y sus beneficios, identificado con Europa y sustentado en la igualdad, la solidaridad, la cohesión social y el bien común, y otra la utopía ultraliberal, favorita de Estados Unidos, donde la pobreza y la miseria se asumen perfectamente y donde el beneficio y el lucro son el único objetivo, aunque llegue sólo a unos pocos. En nuestro país se acerca el momento de que los españoles abandonen su posición de perceptores abúlicos de los beneficios que reciben del estado benefactor. Y es que aunque quieran ignorarlo las políticas sociales tienen un precio, no son gratis, y se costean con los impuestos que pagan los ciudadanos. Si esta concepción estuviera bien inculcada, nadie asistiría pasivamente al fraude fiscal del vecino o miraría a otro lado cuando trabajadores conocidos se benefician de ayudas del Estado que no les corresponden. Porque si exigimos a nuestros políticos que sean eficientes y honestos, lo cual es lógico, también deberíamos exigirnos a nosotros mismos un comportamiento cívico. Deberíamos tener una concepción de la cosa pública y de sus recursos acorde con nuestra condición ciudadana. Nos falta inteligencia colectiva y sentido social para considerar que si recibimos algo sin trabajar para obtenerlo es porque otra persona lo trabaja sin recibirlo. Karl Popper, en su libro La sociedad abierta y sus enemigos, decía que la principal función del Estado es proteger a los individuos, y sobre todo, a los más débiles y a las minorías indefensas de los abusos de los fuertes. Para ello se debe intervenir en la economía, pues un mercado libre sin ningún tipo de limitación no existe, ni existirá nunca. Además, si queremos criticar a ese Estado protector, debemos hacerlo señalando mejores formas de materializar sus ideales, y no rechazando la intervención como algunos liberales pregonan equivocadamente.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez
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