Llega el momento de la justicia.

El pasado viernes 25, las agencias más importantes de rating o de calificación de crédito: Fitch, Moody’s y Standard and Poor, que contribuyeron activamente a crear la crisis financiera, han sido denunciadas mediante una querella criminal en la Audiencia Nacional por la vulneración de los artículos 284 y 285 del Código Penal (Serán castigados con multas y penas de prisión: “los que difundieran noticias falsas para intentar alterar el precio de las cosas” y “los que usaren abusivamente de información privilegiada para perturbar el normal funcionamiento del mercado de valores”). Esta es una iniciativa de un equipo de abogados españoles, pero que nace internacionalizada pues la querella presentada incorpora aspectos básicos de las tres querellas presentadas en EE.UU. y Alemania. La querella reclama para los responsables de las tres grandes agencias, que copan el 90% del mercado mundial, penas de multa y de privación de libertad de entre seis meses y cuatro años por los perjuicios que han provocado al erario público debido al sobrecoste que ha tenido que pagar el Estado Español por la presión de los mercados y las pérdidas sufridas por los ahorradores que compraron productos basuras, que habían sido calificados fantásticamente por las agencias. Los querellantes sostienen que el “conflicto de intereses” entre los clientes -emisores de bonos basura- de las agencias denunciadas y los ahorradores que los compraban por su credibilidad, les ha permitido obtener unos beneficios extraordinarios y, sin embargo, a los ahorradores les ha causado un tremendo perjuicio. La querella  en España se ha registrado como acusación particular y la  impulsan de momento las organizaciones siguientes: Unión por las Libertados Cívicas, Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales y la Plataforma de Afectados por Hipotecas.  En Europa, esta es la segunda querella presentada contra las agencias de rating, la primera fue en Alemania. Y es que no se podía permitir que responsables directos de la crisis salieran indemnes de ella y sólo con la credibilidad cuestionada. La crisis financiera se creó en parte al otorgar estas agencias la mejor calificación, la triple A (AAA), a grandes porciones de los paquetes de hipotecas basura, la misma que otorgaban a los bonos del Tesoro estadounidense. Hasta ahora las agencias de rating eran casi invulnerables en los tribunales al haber sido reconocidas en 1975 como entidades oficiales de calificación por el órgano regulador internacional de las Bolsas y estar amparado por una clausula según la cual su actividad era distinta de la de un tasador o analista, por lo que no estaban sujetas a las mismas demandas o responsabilidad ante la justicia. El otoño pasado se decidió por el órgano correspondiente suspender indefinidamente esa clausula, así que a partir de esa fecha  tendrán que responder como cualquiera ante los tribunales. Por fin, la gente reacciona ante tanto abuso y engaño, llega el momento de la Justicia.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez