El absurdo caso Faisán.

En el proceso o caso Faisán se está haciendo una utilización inadmisible de la Justicia. La verdad no interesa, los hechos no importan, su calificación jurídica se inventa. Así que, para no caer en ese juego de intencionalidades políticas y saber la verdad, debemos analizar los hechos objeto de investigación judicial y su calificación jurídica.

 Esos hechos, sobre los que no hay discrepancias entre las partes, consisten en la filtración por parte del personal perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la existencia de un operativo policial para detener a Cau Aldanur -la detención se realizó unos días después- con la finalidad de no fastidiar el proceso negociador que se estaba celebrando en esos días. O, en palabras del filtrador, para que no se montara un “zipizape”. Estos son los hechos, no hay más. De los mimos se hace responsable al director general de la Policía.

Las discrepancias están en la calificación jurídica de este hecho y en su intento de manipulación para atacar al Gobierno y ajusticiar políticamente a su vicepresidente Rubalcaba, posible candidato en las próximas elecciones generales. En esta causa penal deberíamos evaluar un presunto delito de revelación de secretos, con pena de privación de libertad inferior a tres años, sin competencia para la Audiencia Nacional. Sin embargo, a la acusación le interesa considerarlo como un delito de colaboración con banda armada u organización terrorista. Pero tiene un pequeño inconveniente, les falta un elemento subjetivo del delito de colaboración y es la acreditación previa de la adhesión ideológica a ETA del imputado Victoriano García Hidalgo, exdirector general de la Policía. Esto es imposible, como cualquiera puede comprobar, consultando la trayectoria profesional en la lucha antiterrorista de García Hidalgo.

La fiscalía de la Audiencia apoya esta postura de la defensa. Así que, poca vida, jurídicamente hablando, le queda a este Faisán en la Audiencia Nacional. Si la derecha política y mediática quiere buscar otras culpas tendrá que hacerlo en otros ámbitos. Y si, a partir de ahora, exigen transparencia, luz y taquígrafos en cualquier negociación -parece estar en marcha un nuevo proceso- nadie estará dispuesto a participar. Dudo del avance del diálogo en un proceso de negociación sin confidencialidad y a la luz de todos. Sin hablar de las responsabilidades políticas y penales derivadas – anteriormente, nunca se han pedido-, que en este contexto tan complejo harían imposible el diálogo para alcanzar la paz en el País Vasco. Pero claro, seguramente, de eso se trata.

María José Jiménez Izquierdo y Ángel Luis Jiménez Rodriguez