En España, debido a la crisis económica, aumenta cada año de forma alarmante el número de personas desahuciadas, es decir, desalojadas de sus viviendas y puestas de patitas en la calle por impago de su hipoteca. En lo que va del año 2011, se han producido en España más de 120.000 desahucios -proceso judicial para ejecución de inmuebles con garantía hipotecaria-, muchos de ellos con enfrentamiento, como ha ocurrido en Murcia, con agentes de la Policía Nacional que acompañaban a los funcionarios judiciales en el desalojo. Estos datos sobre desahucios han sido proporcionados a la prensa por la Agencia Negociadora de Productos Bancarios. Pero no acaba aquí la cosa, además, en la mayoría de los casos el desahuciado tiene que seguir pagando el resto de hipoteca pendiente después de haber perdido la vivienda a favor del banco ejecutante. Una posible solución a este problema sería que la entrega de la vivienda saldara toda la deuda con la banca de los hogares hipotecados, como ocurre en Estados Unidos. Esto no acarrea un grave perjuicio para la banca, pues no sólo adquiere de nuevo la vivienda garante de la deuda, sino que mantiene en su haber, por supuesto injustamente, los pagos hechos con anterioridad, desde el momento que se constituyó la hipoteca. Ante esta situación se ha iniciado en Cataluña por sindicatos, asociaciones de vecinos, organizaciones ciudadanas y de consumidores, y con amplio apoyo popular, una campaña para promover una iniciativa Legislativa Popular que contemple la regulación de la dación en pago de la vivienda hipotecada. Y a la que debemos apoyar, porque los ciudadanos no podemos tener duda entre ceder a los beneficios de la banca o defender los derechos de los ciudadanos. En esa tarea también se han incorporado, por fin, los partidos políticos pidiendo el Grupo Mixto, Esquerra Republicana y el Partido Popular, -mira que oportuno, proponiendo reformas en contra de los intereses del capital, ¿será verdad? - la creación de una subcomisión en el Congreso para que en el plazo razonable de seis meses se pueda elevar un informe al Pleno para reformar la Ley Hipotecaria. Asimismo, para los jueces de Justicia Democrática, esta reforma debería tener carácter retroactivo, para conseguir compensar a los ciudadanos que ya se encuentran en situaciones desesperadas. Hasta la CE propone armonizar la Normativa europea sobre Hipotecas para evitar los excesos. Ahora el Gobierno tiene la palabra y su mejor oportunidad para defender los intereses de los más débiles, apoyando esta reforma en el Congreso -que también secundan sus diputados del PSC- y proclamando de forma práctica su compromiso social. Y, por favor, que no nos hablen más del peligro que representa para el sistema financiero esta justa reforma. Hasta cuándo piensan que nos van a estar acongojando con la crisis provocada por ellos mismos, hasta cuándo vamos a aguantar su codicia. Ya es hora de recuperar la autonomía del Gobierno, que se está perdiendo, frente a los poderes económicos y esa nueva clase financiera tan egoísta y desalmada.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez
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