Que dios nos pille convocados.

Anunciada las elecciones generales para el 20 de noviembre, con disolución de las Cortes el 27 de septiembre, el decreto ley de medidas sociales del 19 de agosto se convalidará en dos sesiones previstas para este mes. Ahora, procede un avance de las propuestas y programas de los partidos políticos para las “generalísimas” -como se dice en Twitter-, especialmente del PP, que las ha silenciado hasta ahora. Hay una consigna de silencio dirigida a los nuevos gobiernos autonómicos y municipales salidos de las urnas el 22 de mayo, no hay declaraciones programáticas. La dirección del PP insiste en que hasta después de celebrarse las elecciones generales y andaluzas, nada de recortes drásticos y medidas traumáticas que afecten a los ciudadanos, solo medidas cosméticas en cargos de confianza, coches oficiales, gastos superfluos, etcétera. Así lo contaba en esto días la prensa y lo advertía el ex presidente del Gobierno, Felipe González, en un desayuno informativo en Madrid. Pero, siempre falla alguien y el viernes 29 en El País, el consejero de Economía y Hacienda de Murcia declaraba que su Comunidad estaba dispuesta a renunciar a las competencias de sanidad, educación y justicia, debido a las dificultades para cumplir el objetivo de déficit que se le había marcado. Y su presidente, Ramón Luis Valcárcel, lo confirmaba,  tras paralizar la transferencia de justicia en marcha, alertando de que si no recibía la financiación suficiente no dudaría en renunciar a estas y otras competencias. Castilla-La Mancha, gobernada por la secretaria general del PP Dolores de Cospedal, también ha decidido no asumir esa competencia. Estas medidas y soluciones a sus problemas deficitarios han reabierto el debate sobre el sistema autonómico. Y en esta postura de las comunidades del PP, subyace una actitud contraria a la esencia del Estado de las Autonomías y una renuncia al modelo constitucional que nos dimos para la organización del territorio del Estado en el título VIII de la Constitución. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, lo confirmaba “en el PP nunca han creído en el título octavo de la Constitución y, por tanto, se sienten incapaces de gestionarlo y de asumir sus responsabilidades”. Además, ofrecía un argumento jurídico “Las comunidades que tienen las competencias ya transferidas tienen que cumplir con sus responsabilidades y devolverlas implicaría una reforma de la Constitución y los estatutos”. Los juristas del PP no se han enterado o no quieren enterarse de que el proceso de constitución de una nacionalidad o región en comunidad autónoma es un camino sin retorno. Una vez constituidos sus órganos de gobierno no pueden dejar de dirigir políticamente la nacionalidad o región en los términos contemplados conjuntamente en la Constitución y su estatuto, y no pueden devolver competencias asumidas que figuren en él. Si existían dudas sobre el particular, el Tribunal Constitucional se lo aclaró en la sentencia 89/1984. Por supuesto, como decía el ministro de Justicia, devolver competencias implicaría modificar mediante reforma la Constitución y/o el Estatuto, pero no se podría hacer unilateralmente ni por el Estado ni por la Comunidad Autónoma, debe haber acuerdo, porque sino no tendríamos un Estado, sino otra cosa. El  debate está servido. Y no es un debate meramente competencial o de dinero, sino de modelo y responsabilidades derivadas del poder. El gobernar conlleva un coste y el PP, en las comunidades que gobierna, parece incapaz de asumirlo. Menos mal que como dice Ernesto Ekaizer en el diario Publico “Que en este debate dios nos pille convocados”.

María José Jiménez Izquierdo y Ángel Luis Jiménez Rodriguez