“Derecho a la intemperie”.

La sección española de Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que en nuestro país nueve millones de personas están indefensas ante una vulneración muy grave de sus derechos humanos. Así lo ha explicado el director de A.I. España, Esteban Beltrán, durante la presentación del último informe de la organización titulado “Derecho a la intemperie” y centrado en los “obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España”. Beltrán ha expuesto que estos nueve millones de ciudadanos que viven bajo el umbral de la pobreza “están indefensos ante la violación de sus derechos humanos”, derechos como el acceso a la salud y la vivienda, en los que además, “se limita seriamente la posibilidad de ser reclamados ante la justicia y poder obtener reparación”. El informe denuncia que 180.000 ciudadanos españoles, enfermos mentales, no tienen acceso a la sanidad y están en el mayor de los desamparos. La ratio en España, de 6,1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, impide que la sanidad sea para ellos un derecho fundamental cubierto. Lo mismo ocurre con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada de conformidad con los principios rectores del artículo 47 de la Constitución Española. Para la Justicia este es un derecho de segunda categoría. La ejecución de las hipotecas -más de 271.000 en los últimos tres años- y los desarrollos urbanísticos salvajes han puesto de manifiesto que el derecho a la vivienda no tiene en España el mismo nivel que otros como la libertad de expresión, de reunión o de asociación, al no estar reconocido como un derecho fundamental. Por ello, son necesarias medidas legislativas que aborden este grave problema y protejan los derechos de cientos de miles de personas que pueden perder su vivienda o viven en precario en ellas. Una situación que además vulnera otros derechos constitucionales como el acceso a la información pública o a la tutela judicial efectiva, porque miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, se les permita participar en decisiones que les afectan o sin ofrecerles alojamiento alternativo. Es decir, sin cumplir ninguna de las recomendaciones que el Relator de la ONU hizo a España sobre este asunto en el año 2008. Las denuncias de este informe tienen que hacernos tomar conciencia de la situación por la que están pasando millones de personas en nuestro país, y debe ser una llamada a la sociedad civil para continuar la lucha por el bienestar social y una mejor calidad de vida de los españoles. 

Ángel Luis Jiménez Rodriguez