En estas elecciones, estamos olvidando, y no es la primera vez, que la batalla por los ayuntamientos lleva implícita la batalla invisible por las diputaciones provinciales. Según el artículo 141 de la Constitución Española, la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y la división territorial provincial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Su Hacienda, igual que la municipal, se nutre fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y la Comunidad Autónoma. Sus cargos no son electos, son los partidos ganadores en las municipales y con mayoría de concejales a nivel provincial, los que designan de entre ellos quienes gobernaran las Diputaciones. La ley les otorga el importante papel de atender los intereses de la provincia y servir de árbitro entre los ayuntamientos. Durante un tiempo se cuestionó su mantenimiento, porque se consideraban una rémora del régimen anterior, pero su labor de ayuda a los municipios pequeños, al final, las hizo necesarias. Y ahora más, pues con la crisis se plantea la posibilidad de reagrupar municipios, sobre todo los más pequeños que son muchos, para hacerlos más eficientes, homologables y profesionales. Por este motivo, las Diputaciones son y seguirán siendo en el futuro los órganos de coordinación de muchos servicios municipales. Sin embargo, los ciudadanos reconocemos también la desproporción existente entre sus fines y los medios, incluida esas plantillas totalmente desmesuradas. Así que, ese es otro problema derivado de las elecciones locales que tendremos que plantearnos a la hora de votar. Los partidos políticos, aunque dicen que el interés de las Diputaciones es meramente instrumental, si le dan mucha importancia a la hora de conseguirlas. Lo que no sé, es por qué: por mandar, por colocar a su gente o por prestar un buen servicio a los ciudadanos de su provincia. El tiempo lo dirá.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez
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