Esta semana, el Defensor del Pueblo Andaluz ha denunciado el oscurantismo y el enchufismo en los talleres de empleo y ha reclamado la modificación de las normas necesarias para mejorar y garantizar una buena administración en los procesos de selección del alumnado y el personal directivo, docente y de apoyo en las políticas activas de empleo. Las políticas activas de empleo, traspasadas a la Junta en 2004, y, en particular, los llamados talleres de empleo añaden a la formación y prácticas para desempleados, una retribución, lo que los hace muy atractivos en la actual coyuntura de paro masivo. La Oficina del Defensor se ha hecho eco de las numerosas quejas que le han llegado de la ciudadanía acerca de la discrecionalidad y el favoritismo en la selección de la comisión mixta, Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y la entidad promotora (Ayuntamientos, sindicatos, etc.). Ahora el consejero de Empleo, Manuel Recio, defiende la trasparencia en el proceso de selección en base a que se aplica una normativa y criterios objetivos y, sobre todo, que esta la llevan a cabo funcionarios del SAE. Sin embargo, de ahí surge el problema y tanta queja, porque las selecciones realizadas por el Servicio Andaluz de Empleo, han dejado y dejan mucho que desear. Igual que ocurre con la intermediación entre oferta y demanda de empleo, se limitan a contar el número de personas que se inscriben como demandantes de empleo. Y eso, que yo sepa, no es cumplir eficazmente con las funciones del Servicio Andaluz de Empleo, entre las que se encuentran casar oferta y demanda de forma activa y orientar u ofrecer soluciones a los demandantes de empleo.
Ángel Luis Jiménez Rodriguez
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