La renovación del Constitucional.

Con mucha vehemencia afirman que la política está judicializada, pero también que la judicatura está politizada. Basta con examinar ciertas interpretaciones de la ley y compararlas con la simpatía ideológica de la sala o del juez firmante. Si la culpa de la judicialización de la política es de los partidos, la responsabilidad de la politización de la judicatura es de los jueces. Pero al menos en el Constitucional, tres de ellos han dado un puñetazo en la mesa y se han plantado para provocar su renovación. Su mandato expiró en noviembre de 2010 y su renovación depende del Congreso de los Diputados. En concreto, del consenso entre PP y PSOE, dado que se requiere mayoría de tres quintos. Esa prerrogativa no es baladí, permite a populares y socialistas, que dominan Congreso y Senado, aplazar la renovación en función del juego de mayoría en las instituciones y de sus intereses partidistas. Esta situación ha vuelto a poner de relieve el bloqueo que mantiene el PP en las principales instituciones del Estado. La causa es el sempiterno desencuentro entre PP y PSOE durante esta legislatura, ahora acentuado por las expectativas de cambio de mayorías después de las próximas elecciones generales. Gregorio Peces Barba, ponente constitucional, dice sobre los nombramientos de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) “No estaba en nuestra cabeza que esa utilización política de los nombramientos se pudiera producir”. Y de hecho no se produjo hasta la llegada al poder de José María Aznar. El bloqueo para la renovación del TC ha obedecido a la estrategia del partido de la derecha para conseguir, mediante una manipulación de su composición, una sentencia del Estatut que le fuera favorable. Y cuando ello no ha sido posible en la medida de sus deseos o intereses, interponiendo de forma abusiva el recurso de inconstitucionalidad contra leyes que desarrollaran el Estado autonómico o reconocieran derechos y libertades. El PP no acepta que el intérprete de la Constitución vele por la protección de los principios y derechos que esta recoge y no por los que ellos entienden debe recoger. Así que, hay que establecer mecanismos -ya existen en países de nuestro entorno- que limiten y eviten la obstrucción política que se practica por el PP en la renovación de órganos de relevancia constitucional. Pueden producirse perjuicios de imposible o difícil reparación, pero eso al PP no le importa.

Ángel Luis Jiménez Izquierdo